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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA MESA DE ANÁLISIS “APERTURA Y
AVANCES EN LA NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA EN EL DISTRITO
FEDERAL”, REALIZADA EN EL AUDITORIO DR. PEDRO LÓPEZ DEL
MUSEO FRANZ MAYER, ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.
28 DE MAYO DE 2008.
C. OSCAR GUERRA FORD.- Buenos días a todos los asistentes a esta Mesa sobre la “Apertura y Avances en la Nueva Ley de Transparencia en el Distrito Federal”. Como todos ustedes saben hoy es un día importante en materia de acceso a la información en el Distrito Federal dado que entra en vigor la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información aprobada en febrero por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, publicada en marzo por el Ejecutivo y que después de 60 días naturales como marcan los Transitorios, entra en vigor el día de hoy. La idea de esta Mesa es poder comentar con varios de los actores que han sido importantes en el devenir para que el Distrito Federal pueda tener esta nueva ley y pueda cumplir en tiempo y en forma con lo que mandata la reforma al Sexto Constitucional, y como lo he dicho, la Asamblea Legislativa profundizó todavía más
estos principios del Sexto Constitucional y aplicó lo que se denomina el Código de Buenas Prácticas y algunos elementos de la propia Asamblea que son pertinentes y que hacen que la Ley del Distrito Federal quede considerada a la vanguardia a nivel nacional como lo decía hoy un conductor de radio, esperamos que otros estados y también la federación puedan seguir con esta vertiente que ha trazado el Distrito Federal y que esto también sirva de acicate a algunos estados donde ha habido intentos de retroceso en materia de transparencia en tenor de la reforma al Sexto Constitucional. Sin más, quiero agradecer la presencia este día del Licenciado Juan José García, quien viene en representación de José Ángel Ávila, Secretario de Gobierno; él es
Subsecretario de Gobierno; nos acompaña también la Diputada Kenia López Rabadán, quien es Diputada de la Asamblea Legislativa y Presidenta de la Comisión de Administración Pública; el compañero Diputado Isaías Villa González, quien es también Diputado de la Asamblea, miembro de la Comisión de Administración Pública y también miembro de la Comisión de Gobierno de la propia Asamblea del Distrito Federal. También está con nosotros el Licenciado Ángel Trinidad Zaldívar, quien es Secretario Ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Secretario Ejecutivo de la Confederación Mexicana de Organismos de Acceso a la Información Pública, COMAIP; se encuentran con nosotros el periodista Héctor Zamarrón y también el compañero periodista Roberto Rock en esta mesa; finalmente, nos acompaña René González de la Vega, Director de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia y el Licenciado Román García Álvarez, Director Jurídico de la
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal.
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La idea es juntar al órgano Legislativo quien fue constructor de esta nueva ley y que también será sujeto obligado de la misma; al Ejecutivo representado en la Secretaría de Gobierno en esta ocasión por el Subsecretario dado que ellos manejan un número muy importante, casi el 80 por ciento de los sujetos obligados de esta nueva ley y también a los compañeros de la Dirección General de Obras, una Secretaría importante dado el número de recursos que se manejan y de las actividades que desarrollan para que nos comenten cuál es su perspectiva de esta
nueva ley; y a los compañeros de los medios de comunicación que han sido grandes promotores, muchos de el os fueron impulsores del tema de la transparencia a nivel nacional, varios pertenecientes al Grupo Oaxaca, y que nos den su punto de vista desde los medios de comunicación de las características de esta nueva ley. También a las autoridades del Distrito Federal y cuál es el contexto nacional que
hay en las reformas en los estados y en la federación referente al Sexto Constitucional; y a nuestro compañero del Tribunal también su punto de vista de lo que es el Poder Judicial del Distrito Federal. Voy a dar la palabra inicialmente a la Diputada Kenia López, que como ya lo dije, es Presidenta de la Comisión de Administración Pública, que fue la Comisión encargada de procesar y dictaminar esta ley, entonces Diputada, si nos hace favor.
C. KENIA LÓPEZ RABADÁN.- Muchas gracias al Presidente del INFODF primero por esta idea de congregar el día de hoy a tan connotados especialistas en el tema de transparencia. Es un gusto poder compartir esta mesa con quienes de una u otra manera han, a lo largo de su carrera profesional, demostrado que el tema de la transparencia no puede ser solamente un slogan de campaña sino una realidad en términos reales ya en el ejercicio de su función desde cualquier ámbito que la
realice. Decir que la transparencia y el acceso a la información pública tienen su origen en las libertades de expresión e información, las cuales se han constituido en pilares fundamentales de las democracias modernas. En efecto, hoy se reconoce ampliamente que la información es una condición necesaria para la realización del Estado democrático, dicho de manera más simple, sin transparencia, compañeras y compañeros, no habría una democracia posible. Es por lo anterior que la transparencia y el acceso a la información se inscriben con un derecho fundamental al menos por dos razones: porque protege un bien jurídico
valioso en sí mismo representado en la posibilidad de acceder a la información relevante para la vida de los ciudadanos y porque sobre él se erige la viabilidad de un sistema democrático cumpliendo una función vital para un gobierno republicano que es que los ciudadanos conozcan el quehacer de las decisiones y los recursos que se erogan por parte de sus autoridades.
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En el derecho internacional estas libertades se encuentran plasmadas en diferentes instrumentos internacionales, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, por citar algunos de el os.
Quienes reconocen que la concepción moderna de la libertad de expresión implica una trilogía de libertades interrelacionadas adoptadas en dos vertientes, por un lado el derecho a informar y emitir mensajes, y por otro, el derecho a ser informado. La transparencia y el acceso a la información pública en nuestro país han tenido un cambio largo y en algunas épocas tortuoso. Inició su historia en el año de 1977 en el marco de la denominada reforma política con motivo de la cual se modificó el Artículo Sexto Constitucional para añadirle diez palabras que establecen: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Sin embargo, fue hasta 2002 cuando se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y hasta el año inmediato anterior cuando se obligó a las entidades federativas a contar con una ley de la materia. En el Distrito Federal en el año 2003 se publicó en la Gaceta Oficial la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual desde su entrada en vigor sufrió seis reformas y es el día de hoy cuando entra en vigor una nueva ley en la materia, la cual incorpora las disposiciones de transparencia y acceso a la información pública y en donde se dispone además de lo establecido por el Artículo Sexto Constitucional generar, como se ha dicho aquí por parte del Presidente, muchas más garantías, muchas más visiones de transparencia a nivel local.
Quisiera ocupar este espacio, primero, para agradecer al IFAI así como al INFODF quienes han sido una parte trascendente y fundamental para la reforma que hoy entra en vigor y que nos ha ocupado en la comunicación, la interrelación y el soporte académico, jurídico y hasta político que hemos tenido tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como el INFODF, el Presidente y sus Comisionados, y por supuesto los instrumentos que sirvieron de base, que fueron presentados a la Asamblea Legislativa por el IFAI, sin lugar a duda han sido una muestra clara de que se puede trabajar en conjunto, de que los legisladores además de ser electos en las urnas o en su caso, en términos de partido, no podemos estar sustraídos a instituciones tan basificadas en actos democráticos como es el INFODF. Presidente,
muchas gracias por todo el apoyo, por todo el respaldo y por supuesto por toda la comunicación así como a todos los Comisionados. ¿Qué hemos generado en esta ley? Por supuesto a nombre de la Asamblea y tomando la presencia del Secretario Ejecutivo del IFAI también agradecer tanto al Presidente como a los Comisionados del IFAI por su apoyo y sus documentos vertidos en la Asamblea. ¿Qué es lo que podemos destacar de esta ley? La inclusión
de los partidos políticos como sujetos obligados.
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Sin lugar a dudas ese es uno de los grandes temas que estuvimos analizando y visualizando los legisladores, quienes hubimos de pasar por un proceso largo de discusión y de análisis y aquí también quisiera destacar el trabajo del Diputado Isaías Villa, integrante de la Comisión de Administración Pública local y con quienes hemos estado juntos en este proceso. Decirles que la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados es uno de los puntos trascendentes de la iniciativa. La obligación de los sindicatos y de las
organizaciones civiles para transparentar el uso, destino y actividades que realizan con los recursos públicos que se le hayan otorgado por parte de cualquier Ente Público y que informe qué hacen con esos recursos también, sin lugar a duda es uno de los puntos torales. Cuando hemos discutido entre los grupos parlamentarios y entre los Diputados estos dos temas, transparentar a los partidos y transparentar los sindicatos en
términos de los recursos públicos pareciera que todos somos muy democráticos. En el discurso y en campaña, en los medios y cuando estamos frente a un grupo connotado de personas, bueno, las palabras nos faltan para decir que, claro que estamos a favor de la transparencia, pero cuando hubimos de ponerlo en la ley, les quiero decir que fue un tema trascendente. ¿Por qué? Porque obviamente cambiar el sistema en tanto los sindicatos sin que
sintieran vulnerados sus derechos, los convenios internacionales, los tratados internacionales y por supuesto que pudiéramos no invadir una esfera que estuviera protegida por la ley como es el espacio de los sindicatos pero sí hacerlo y dejar muy claro que la transparencia se tendría que dar en términos de los recursos públicos, fue sin lugar a dudas un gran avance en términos de la Asamblea y qué decir de los partidos políticos quienes ahora todos están en este proceso de generar su propia Oficina de Información Pública, capacitar a sus directores, a sus ejecutivos, a sus
secretarios para poder dar una muestra de transparencia. Ojalá eso suceda, yo estoy convencida de que los partidos políticos son los primeros que tendrían que ser transparentes. Ojalá algún día sepamos este discurso en donde cuando a alguna autoridad se le pregunta si fue ella quien ocupó recursos públicos para alguna movilización de algún partido político y la autoridad dice “no, yo no fui, fue el partido”. Bueno, habremos de ver ahora si efectivamente los partidos también reportan esas movilizaciones o cualquier tipo, sin entrar en polémica, cualquier tipo de acción de cualquier partido político. También podemos destacar que se generó un catálogo de la información de oficio con la que debe contar cada órgano de gobierno y organismos públicos autónomos del Distrito Federal tanto en materia escrita como para consulta directa en el portal de internet. Es de destacar la disminución del término de entrega de dicha información que pasa de diez a cinco días. La ley ahora ya establece claramente a la Asamblea Legislativa el catálogo de qué tiene que informar de oficio, además de todo lo que pueda informar y que el ciudadano le pueda pedir sin ningún
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Cuando nosotros reducimos de diez a cinco días la respuesta ¿en qué estábamos pensando? Primero en que no podemos dilatar una respuesta que de entrada tendría que estar ya de oficio a la vista del ciudadano. Cuando se hace el catálogo en términos del Tribunal, en términos de la Asamblea, en términos del Ejecutivo local, lo que nosotros estamos diciéndole como legisladores al ciudadano es: tú puedes preguntar todo esto, si hay algo más que quieras saber, por supuesto también la autoridad está obligada a saberlo y aquí, sin lugar a dudas ha sido el IFAI una parte importante para este proceso de decir en términos federales y por
supuesto, el INFODF en términos locales, ahora sí que pregúntenle a cada quien lo que le corresponde y en su caso, que el ciudadano sepa qué le puede preguntar a la autoridad. Se confirma un principio democrático básico que consiste en que todo acto de gobierno debe estar sujeto al escrutinio público y se da claridad en cuanto a los principios de máxima publicidad, simplicidad y rapidez así como a la gratuidad del
proceso, un costo razonable de la reproducción, libertad de información, buena fe del solicitante y orientación y asesoría a los particulares. Igualmente se establecen procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante el INFODF ya que la experiencia nacional e internacional en materia de acceso a la información muestra que existen múltiples razones por las cuales un sujeto obligado puede negar el acceso a la información solicitada o bien el acceso a la
información de registros con datos personales. Ello obligó a la implementación de procedimientos ágiles de revisión de las decisiones en el que se previó al igual que en el caso de solicitudes de acceso la promoción de uso remoto de mecanismos o medios electrónicos, que sin lugar a dudas van a serle al ciudadano un gran espacio, primero en tiempo, poderse comunicar vía telefónica, poderse comunicar vía internet y además un gran ahorro de recursos. Es importante resaltar que con frecuencia se ha entendido que el objeto fundamental del derecho de acceso a la información se limita a una supervisión del gasto público, sin duda, este es un aspecto crucial, pues supone el control ciudadano de la actividad gubernamental a partir del ejercicio de los recursos públicos, sin embargo, en esta nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se va más allá, pues si bien comprende sin lugar a dudas el acceso a la información sobre los recursos públicos, es inclusiva a toda actividad gubernamental, esto es, no solamente el ciudadano podrá saber cuánto se gasta sino cómo se gasta. Por otro lado, es un gusto comentar que el pasado lunes fue aprobada en la
Comisión de Administración Pública local la nueva Ley de Datos Personales del Distrito Federal y con esto concluyo. Esta IV Legislatura, si bien es cierto, ha sido un collage en términos legislativos y en términos políticos, sí quiero decir, se ha destacado en términos de la Administración Pública del Distrito Federal por generar instrumentos legales e instrumentos jurídicos a través del consenso, a través de la negociación, a través del ceder; generar una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en donde todos los grupos parlamentarios votaran a favor, sin
lugar a dudas ha sido un trabajo exhaustivo que no puede ser solamente reconocido a mi persona sino a los nueve integrantes de la Comisión que presido.
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Entender que las fuerzas políticas, llámesele el PAN, el PRI, el PRD, el Partido Nueva Alianza y la Coalición que se encuentra representada en la Asamblea Legislativa, alzar su mano y decir “a favor de una Ley de Transparencia” ha sido un trabajo que sin lugar a dudas lo hicimos para beneficiar a la Administración Pública y para beneficiar a los ciudadanos y al Tribunal y al Legislativo. No entender así una Ley de Transparencia significaría no haber entendido el por
qué hubimos de haber recibido iniciativas de todos los grupos parlamentarios; y esto se sigue consolidando, el día de anteayer la Asamblea, la Comisión de Administración Pública local ha aprobado la Ley de Datos Personales que sin lugar a dudas es el segundo paso más importante en términos de transparencia en el Distrito Federal, y vamos por el tercer paso que será la Ley de Archivos. Ojalá y cuando esta IV Legislatura concluya el próximo año podamos tener muchos
más ejemplos como estos de beneficio ciudadano y ojalá y podamos seguirlos generando en consenso. Por mi parte agradezco la invitación al Presidente y agradezco la invitación a los Comisionados, primero por la invitación y segundo, por su trabajo y esfuerzo en este proceso. Nos seguimos viendo para la Ley de Archivos. Muchas gracias. C. OSCAR GUERRA FORD.- Gracias Kenia. Quiero también agradecer la
presencia de mis compañeros Comisionados, Salvador Guerrero Chiprés, Areli Cano, Jorge Bustillos, los otros dos Comisionados están de comisión; así como la presencia de la Maestra Diana Ponce, Procuradora Ambiental y de Reordenamiento Territorial del Distrito Federal, por estar presentes esta mañana. Vamos a dar la palabra ahora a quien ya también se mencionó en el discurso de Kenia por ser un factor fundamental en la aprobación de esta nueva ley, a nuestro
compañero, el Diputado Isaías Villa. C. ISAÍAS VILLA GONZÁLEZ.- Muchas gracias Maestro Oscar Guerra Ford, Presidente del INFODF. Amigos Comisionados, compañera Diputada Kenia López; amigo Juan José García, y compañeros que están con nosotros en la mesa y por supuesto al público. Efectivamente, hoy es un día importante. Concurrimos a este evento en el momento en que entre en vigencia la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y como ya se refería también aquí, a dos días de haber aprobado el dictamen que crea la Ley de Protección de Datos
Personales del Distrito Federal. Me complace mucho también porque, lo ha manifestado la Diputada Kenia López, hemos trabajado de manera muy intensa en la Asamblea Legislativa, en particular en esta Comisión de Administración Pública local y me ha tocado el honor de ser coautor de iniciativas en ambas leyes. Ambas leyes son las dos caras de una misma moneda, se complementan estableciendo con meridiana precisión los alcances y límites entre lo público y lo
privado sobre el derecho a la información y el derecho a la intimidad que nuestra propia Carta Magna define.
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Efectivamente, la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se basa en lo dispuesto en el Artículo Sexto Constitucional, establece el derecho de los ciudadanos a conocer la información de interés público y obliga, por supuesto, a transparentar el ejercicio de la función pública de, como se ha dicho aquí también, los tres órganos locales de gobierno: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, de los órganos autónomos y de toda aquellas entidades que reciben recursos públicos. Por su parte, quiero mencionar de manera muy breve la Ley de Protección de Datos Personales, tutela la otra parte, el límite justamente que es el derecho establecido en el propio Artículo 16 de la Constitución que dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la Autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, es decir, esta ley que apenas se encuentra dictaminada tutela el derecho a la vida privada, el derecho a la intimidad.
Queremos decir que efectivamente, en congruencia con el carácter democrático de nuestro proyecto hemos considerado al tema de la transparencia, en el acceso a la información pública, como un asunto fundamental que es consustancial a la democracia y por eso nosotros como parte del partido gobernante de la Ciudad de México hemos retomado este compromiso con la rendición de cuentas y el ejercicio transparente y democrático de los recursos públicos fortaleciendo las herramientas
jurídicas que en el mundo han sido reconocidas por su virtud de contribuir a mejorar justamente la convivencia democrática. En efecto, la toma cotidiana de decisiones personales o colectivas se basa en la información que se posee. Mientras más información de buena calidad reciba el ciudadano, mejores serán por efecto las decisiones que tome en su vida pública o personal. Quiero, por supuesto, hacer un reconocimiento, creo que no es
suficientemente público que la configuración en particular de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal fue resultado de un trabajo que realizamos muy de la mando con el INFODF en una iniciativa que derivó en lo que se llamó el Código de Buenas Prácticas y que fue fundamental para esta ley. Como se ha dicho, de los avances fundamentales del contenido relevante que se pone a la vanguardia a nivel nacional, se encuentran por supuesto el haber ampliado la lista de sujetos obligados por ley. Aquí hubo una discusión. Hay una polémica que se encuentra vigente porque si bien por un lado evidentemente todos los Entes Públicos han sido incorporados como sujetos obligados de esta ley, en el
caso de los partidos políticos hubo un debate, ya en otras leyes locales existe esta obligación de los partidos políticos y en la parte de las organizaciones sindicales es donde todavía hay una polémica, no obstante que sólo fueron incluidas como sujetos indirectos. Como se ha referido también aquí, aumentamos el listado de información de oficio, se establecieron indicadores de gestión con la idea de fortalecer y promover en
todos los espacios de la vida pública la cultura de la transparencia.
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Quiero decir que cuando una sociedad ha decidido vivir en democracia es fundamental que conozca lo que su gobierno está haciendo y el derecho de acceso a la información está sólidamente fundado en los principios básicos de la democracia, el buen gobierno y la participación ciudadana, por lo que la transparencia es un instrumento para asegurarse de que la cosa pública ocurra respetando las reglas establecidas y aceptadas por todos. Quiero decir que también esta nueva ley fue configurada de esta forma, no
obstante que la ley anterior de transparencia y acceso a la información pública ya era evaluada de manera bastante buena, de hecho diversos organismos establecían que tendríamos el segundo lugar hasta el año pasado que aprobamos el dictamen, y también en el caso del Ejecutivo y del Legislativo local a noviembre del año pasado también diversas mediciones establecían un lugar de privilegio. En el caso del Ejecutivo local se le colocaba en el primer lugar por la forma en que
resolvía las solicitudes de información pública, y en el caso del Legislativo local la Asamblea del Distrito Federal era colocada en el tercer lugar. Quiero concluir mi intervención compartiendo con ustedes una reflexión: la institucionalización de una nueva práctica en el gobierno, en este caso en materia de transparencia, siempre es compleja y presenta errores aún cuando la experiencia los perfecciona. La fuerza del tiempo y las repeticiones continuas
terminan por establecer cabalmente los procedimientos de la Administración Pública. Desde mi perspectiva, el reto en esta materia es que al interior de los Entes Públicos existan tres condiciones indispensables: voluntad política para abrir su información, esto es fundamental; inversión en infraestructura física y de tecnologías de la información, y sobre todo, el desarrollo de su capital humano;
sistemas administrativos totalmente automatizados, respaldo electrónico de archivos públicos, infraestructura de atención digital in situ, capacitación e hiperespecialización del capital humano, son factores indispensables para garantizar el derecho de acceso a la información que tienen los ciudadanos. Creo que sin el apoyo a los titulares de los Entes Públicos, sin el apoyo de la inversión en infraestructura, automatización y capacitación, el proceso de garantía plena de acceso a los archivos públicos desgraciadamente tardará más en institucionalizarse. Esto es una apreciación totalmente personal que creo importante mencionar y
quiero concluir agradeciendo al Presidente del INFODF, a los Comisionados y por supuesto a quienes en el Gobierno de la Ciudad nos ayudaron también a realizar estas dos normas, y por supuesto a los Diputados de la Comisión de Administración Pública, empezando por su Presidenta, la compañera Kenia López. Muchas gracias.
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL C. OSCAR GUERRA FORD.- Gracias Diputado Villa. Vamos a dar la palabra al Licenciado Juan José García, quien como ya lo dije, es Subsecretario de Gobierno, peor además es el enlace del Ejecutivo en materia de transparencia y acceso a la información con nuestro Instituto y con él hemos trabajado muchas cuestiones muy importantes en la aplicación de lo que era la ley vigente hasta ayer y lo estamos haciendo también con lo que se refiere a la nueva ley para avanzar en su aplicación. Tiene la palabra Licenciado Juan José García. C. JUAN JOSÉ GARCÍA OCHOA.- Muchas gracias. En primer lugar agradecer al INFODF la invitación, el espacio para poder hacer una reflexión y hablar de los retos que representa la nueva Ley de Transparencia en el Distrito Federal; por supuesto en primer lugar a su Presidente, quien nos hizo favor de invitarnos a esta mesa, a las personas que nos acompañan, a los Diputados, a la Diputada, Al
Secretario Técnico del IFAI, a nuestro colega de la Secretaría de Obras, a los demás Comisionados, a la Procuradora Ambiental, al encargado de transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a los comunicadores que están en esta mesa haciendo esta reflexión de manera conjunta. En el otoño de 2007 fue que se aprobó a nivel federal la nueva ley, producto de un trabajo además muy intenso que hay que reconocer, de cabildeo en todas las
entidades, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que hizo posible la aprobación, que por cierto coincidió con la semana de la transparencia y ahí fue aprobada la ley federal, la modificación al Sexto Constitucional. Aquí resaltar, lo que contiene, que es la incorporación al sistema jurídico mexicano del derecho fundamental a la información pública, el establecimiento de la obligación de transparencia en el ejercicio del poder público, establecer los órganos,
es decir, la garantía de que existan en los estados órganos autónomos garantes del derecho del acceso a la información pública, por cierto, en algunas entidades están tratando de desaparecer algunos de estos órganos, creo que sería un retroceso; al contrario, aquí de lo que se trata es de fortalecer los órganos de transparencia y su autonomía, definir el carácter público en toda la información en posesión de los Entes Públicos en los tres niveles y órdenes de gobierno. Para nosotros, el Gobierno de la Ciudad, significa un paso muy importante. Nosotros habíamos estado trabajando con una ley, siempre esperando la modificación a esa ley, trabajamos, como ya se mencionó aquí siempre dando una opinión positiva en aquellas modificaciones que significaran avances sustantivos en
el derecho a la información pública de los ciudadanos del Distrito Federal, y esto tiene que ver mucho con un cambio de visión de lo que significa el tema de transparencia para la ciudad.
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Quiero decirlo, este tema pasó de ser un frente abierto para la administración del Gobierno del Distrito Federal a ser una ventana de oportunidad, a establecer a partir de la transparencia un nuevo vínculo con la ciudadanía, una manera de comunicarse desde el servicio público con la ciudadanía. Se convierte pues en un tema de gobernabilidad democrática de la Ciudad. Es un tema, digo algunos datos, es un tema que de manera recurrente se aborda en el gabinete del Jefe de Gobierno. Cuando nosotros entramos al Gobierno y de repente recibimos 600 preguntas relacionadas con las obras del Eje 3, el eje troncal metropolitano, y se tomó una decisión por instrucciones del Jefe de Gobierno de responder todas y cada una de las preguntas, de las cuales, por cierto, solamente nos recurrieron dos de 600, porque fue un trabajo inmenso. Quizá en otra época se hubiera hecho otra cosa. Cuando nosotros decidimos hacer versiones públicas, que no se hacen
prácticamente en ninguna parte del país, sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, cuando incluso el informe que presentó el Jefe de Gobierno tuvo como eje articulador cuáles habían sido las preguntas que habían hecho los ciudadanos a través de INFOMEX al Gobierno de la Ciudad. Ese fue el eje que articuló su discurso el día que presentó su informe a la Asamblea Legislativa, también dan muestra de la importancia que empezó a cobrar para
nosotros el rema de la transparencia y que tiene un punto muy importante el día de hoy con un nuevo marco legal que nos permite dar un paso más y poner un piso más en la construcción de una gobernabilidad democrática que reconozca plenamente la transparencia. Nosotros atendimos el año pasado 10 mil 200 solicitudes como Gobierno del Distrito Federal de las 19 mil que se atendieron en todos los Entes obligados. Este año
llevamos dos mil 740, es decir 40 por ciento más que en el primer trimestre. Lo vemos en realidad como una buena señal de que los ciudadanos estén participando cada día más e interesados cada vez más en los asuntos públicos. En el primer trimestre de 2008 alcanzamos un índice que además diseñamos de manera conjunta con el INFODF, un 99.1 por ciento en el índice de acceso a la información. Hemos reducido el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información en un 15 por ciento desde que entró la actual administración, pasando de 9.4 días a 8 días en estos momentos. Se recurre aproximadamente el 2.26 por ciento de las solicitudes de información, es
prácticamente la mitad de lo que se recurre a nivel federal, y de esas que se recurren, la mitad son resueltas a favor, dándoles la razón a los Entes Públicos. Actualmente nuestros portales de transparencia pasaron de una calificación de cuatro en promedio, cuando entró esta administración, a 90 puntos sobre 100 y sin duda tendremos ahora que volver a hacer una evaluación más estricta para podernos trazar nuevos retos en materia de mejoramiento de nuestros portales.
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El índice de entrega de información es cercano al 85 por ciento; el restante 15 por ciento corresponde a aquel os casos en los que el ciudadano no recoge la información. ¿Qué representa esta ley? La ley en nuestro punto de vista representa la legislación más avanzada en materia de transparencia. Amplía los rubros de información pública de oficio con el compromiso de una actualización trimestral, ahora es anual, yo cambiaría, la actualización sería trimestral. Muy importante, integrar a los partidos políticos, a los sindicatos, en cuanto a los recursos públicos
que detenten, a este régimen de transparencia. Estamos esperando que lo hagan también otras entidades y que se haga también a nivel federal para que efectivamente podamos cerrar el círculo de la transparencia sobre todo en los recursos públicos que son detentados por organizaciones o por entidades públicas en el país. Establece la creación de Comités de Transparencia en cada dependencia. Es muy importante esto porque hace que se eleve el nivel de las
respuestas que se dan a los ciudadanos porque en todos los Comités de Transparencia participa directamente el titular de la dependencia, es decir, si un ciudadano pregunta a través del INFOMEX puede estar seguro con esta nueva ley que será el Secretario, que será la Secretaria o el titular del Ente el que directamente sabrá, conocerá y aprobará la respuesta que se le entregue. Obliga también la entrega de información de calidad en menos tiempo, es decir, ya
hay alguna información de oficio que se entregaría ahora en seis días, es un nuevo avance en términos de respuesta a los ciudadanos, otorga a los ciudadanos más elementos para defender su derecho a la información pública, les da instrumentos, les da herramientas para la exigibilidad de la entrega de información y por supuesto, lo que aquí se mencionó, la promulgación de la Ley de Archivos. Ahora tenemos una circular que además construimos de manera conjunta con el INFODF, que tan sólo la circular que no es ley todavía, es también una de las más avanzadas
del país en manejo de archivos. Esto habrá que plasmarlo en la ley y habrá que hacer una ley todavía mejor que lo que tenemos, sin duda, para seguir manteniendo a la ciudad en primer lugar en materia de transparencia. Contempla también la publicación de una Ley de Datos Personales, lo cual también felicitamos el trabajo de la Comisión que aquí ya señaló el Diputado Isaías Villa, de que ya fue aprobado el dictamen de esta nueva ley que protege los datos personales. ¿Cuáles son los retos para nosotros, para el Gobierno de la Ciudad? Uno, generar los instrumentos normativos que fortalezcan la instrumentación de la ley. Falta el reglamento de la ley, fortalecer las Oficinas de Información Pública dotándolas de equipo y personal suficiente, esto es un proceso que se inició desde el año pasado, esto con el objetivo de incrementar la capacidad de gestión de los responsables de las Oficinas de Información Pública; capacitar a los servidores públicos de transparencia y acceso a la información pública, de eso ya también hay un proceso
iniciado conjuntamente con el INFODF y algunos Entes han llegado, incluso, a la capacitación del 100 por ciento de su personal.
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Facilitar a los ciudadanos el libre acceso a la información, y en esto va a tener mucho que ver otro proyecto que nos estamos trazando que es la generación de la Ventana Única de Transparencia. Es una ventana única virtual, en la cual un ciudadano de manera virtual va a poder prácticamente navegar al interior de los archivos del Gobierno, extraer los documentos que requiera, conocer y en su caso, si tiene alguna duda, cuestionamiento o solicitud, podrá hacerlo también a través de INFOMEX, pero una gran cantidad de la información estará disponible a través
de esta ventana que tendrá instrumentos amigables de navegación. Otro reto importante es mantener y brindar un trato amigable al ciudadano en todas y cada una de las formas de acceso a la información que garantice la ley. Nosotros tratamos de que la valuación que se haga de los gobiernos sea sobre criterios objetivos en materia de transparencia; que generemos indicadores, que los podamos comparar con otras entidades, que entre distintas oficinas públicas
compitan para ver quién es más transparente con datos objetivos plasmados en indicadores. Este sistema lo estamos construyendo en la Ciudad de México y queremos que con una evaluación objetiva frente a otras entidades, frente al gobierno federal, podamos mantener esta calificación que obtuvimos el año pasado de ser la entidad más transparente del país. Muchas gracias.
C. OSCAR GUERRA FORD.- Gracias Juan José García. Nada más una acotación, estamos totalmente de acuerdo, son cinco días o seis días, depende cómo lo cuente uno en términos del ciudadano: si yo meto la solicitud el primer día cuenta a partir del siguiente día, en términos jurídicos, pero el ciudadano así lo ve, son seis días para que él tenga la respuesta. La ley marca cinco días pero en términos de procedimientos administrativos de que se ingresa la solicitud, a las 24 horas es el
primer día y así consecutivamente. No hay ninguna confusión en ese asunto, son cinco días, son seis que se convierten en cinco en términos prácticos como está en la ley, simplemente para que no haya esa confusión. Voy a dar la palabra al licenciado Ángel Trinidad, como ya lo dijimos es Secretario Ejecutivo del IFAI y también Secretario Ejecutivo de la COMAIP, y rescato esto de la COMAIP porque fue a través de la COMAIP y de otros participantes de Congresos estatales, de académicos y un gripo coordinado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y por el CIDE , específicamente por Sergio López Ayón y donde Ángel Trinidad tuvo una participación muy importante, se fue construyendo este famoso Código de Buenas Prácticas que ha sido entregado en gran parte a todos los
Congresos estatales. A nosotros nos dio mucho gusto cuando lo entregamos a la Asamblea, peor nos dio mucho más gusto cuando vimos que fue tomado en cuenta. Le daríamos la palabra al Licenciado Ángel Trinidad.
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL C. ÁNGEL TRINIDAD ZALDÍVAR.- Gracias Comisionado. De verdad estoy muy contento de estar en esta mesa compartiendo con ustedes y muy agradecido con los Comisionados del INFODF por supuesto, particularmente con su Presidente que se encuentra aquí con nosotros. Quisiera iniciar esta breve charla con una pregunta: ¿Cumple la Ley de Transparencia del Distrito Federal con lo que establece el artículo Sexto o no
cumple? Ustedes dirán, es una tontería, esto parecería una obviedad si no es que en efecto parecería una tontería el preguntarnos si esta ley que hoy entra en vigor cumple con lo establecido en el artículo Sexto Constitucional, parecería una obviedad pero no es así. Ya hay un caso bochornoso y concreto de que lo obvio para algunos puede no serlo para otros. Me refiero, ya se ha comentado aquí, a Querétaro, que en una comedia de equivocaciones ha reformado, para mal, su Constitución, y no conforme con el o, ahora su Congreso pretende aprobar una nueva ley que viola a su recién reformada Constitución, es decir, viola a la violadora, pero en fin, no nos enredemos más con este trabalenguas legislativo. El asunto de Querétaro es un mal presagio que no encontró eco en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por ello es de aplaudir y reconocer el trabajo hecho por estos legisladores de la capital de la República, que no sólo no oyeron el canto de las sirenas de la opacidad sino que incluso han ido un poco más allá, marcando una pauta, dando una guía. Una señal de madurez política es el haber hecho propios algunos de los elementos que contiene el ya multicitado Código de Buenas Prácticas que fue elaborado por expertos en transparencia de todos los campos:
expertos Diputados federales, Diputados locales, Senadores, miembros de los organismos de transparencia del país y por supuesto, ciudadanos organizados o no organizados. No me cabe la menor duda que todos los avances habidos en el Distrito Federal, incluida esta novedosa ley, no se hubiesen dado de no ser por el trabajo y empeño de los Comisionados del INFODF con Oscar Guerra a la cabeza, a quienes les envío mi reconocimiento y aprecio; su compromiso por la transparencia ha rendido frutos que todos los mexicanos y no sólo los defeños, no sólo los que vivimos aquí, aplaudimos y agradecemos. El tema de la mesa, según me dijeron, es analizar el Sexto Constitucional y la nueva ley. Pues bien, para hacer este análisis brevísimo he decidido tomar los dictámenes hechos por los legisladores federales como punto de referencia, es decir, qué dice no solamente el articulado el nuevo articulado Sexto sino qué fue lo que discutieron los propios legisladores federales y establecieron en un dictamen.
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En ese tenor la nueva ley retoma y desgrana cada uno de los principios y bases de la Constitución. Así, ratifica el principio de máxima publicidad como norma de acción, retomando textualmente, en su artículo 41, fracción XII, lo establecido en uno de los dictámenes en el sentido de que “en caso de duda razonable, optar por la publicidad”. Este principio establecido en los dictámenes lo ha retomado tal cual la nueva ley. En los artículos 8 y 45 confirma el principio de que no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo, razones o justificaciones que motiven el pedimento y en el 48 retoma, ratifica el principio de gratuidad. Asimismo, los legisladores federales establecieron en el dictamen las bases de lo que deben ser los órganos de la transparencia, no lo que pueden ser sino lo que deben ser, y esto, dice el dictamen, deben ser “autónomos, especializados, imparciales, que no respondan a consignas directas o indirectas, al margen de las autoridades en turno
y, -añade el dictamen en otra parte- “que las resoluciones sean vinculantes para las autoridades en turno”. Pues bien, los artículos 63, 66, 71 y 88 entre otros de esta nueva ley, se encargan de poner esto en blanco y negro y de garantizar que el INFODF tenga todas las herramientas necesarias para cumplir con su labor con total autonomía y responsabilidad.
Pero transparentar es más que poner información en un portal o dar acceso a la misma, si esa información no tiene valor, yo creo, no sirve, por ello el dictamen de los legisladores federales habla de “producir información útil”, no cualquier información, y a esto obliga precisamente la nueva ley del D.F., al establecer en sus artículos 9 y 14 que lo que se busca es un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante, integral, veraz, de calidad y confiable, es decir,
abrieron un enorme abanico para no dejar lugar a dudas que tiene que ser información útil la que se le dé al ciudadano y que no caigamos en esta situación, y déjenme poner un ejemplo un poco chusco, ustedes se han subido a un avión y de repente a medio vuelo el capitán dice: “señoras y señores, estamos a 10 mil metros de altura, 40 grados bajo cero, dirección sur-sureste o nor-noreste”, etcétera, pues yo no sé si a alguno de ustedes le sirva esa información, qué, ¿para bajarse o qué sucede? Esa es información inútil, eso no sirve, es información. A veces el exceso de información se convierte incluso en desinformación, ya lo decía por ahí algún autor de estos importantes. Además hay un tema espinoso al que la Asamblea no tuvo empacho en abordar: el manejo de la información en partidos y sindicatos, ya se ha comentado aquí. Sin ambages en los artículos 30 y 31, hacen sujetos obligados directos a los primeros e indirectos a los segundos. Pero todavía hay más: partiendo de la definición que da la propia ley en su artículo 4 de que se consideran Entes Públicos aquel os que la legislación reconozca como de interés público y ejerzan gasto público, en ese sentido, en el artículo 19 se establece la obligación de tener determinada
información de los partidos políticos en los portales de internet.
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Asimismo, bajo la férula del artículo 31 quedan también las organizaciones de la sociedad civil o cualquier otra análoga que reciba recursos públicos, con lo que el tema, yo diría, queda redondo y acorde con el mandato constitucional. Por si esto fuera poco, la ley está llena de novedades. Yo estoy contento con esta ley y muy agradecido. Por un lado el INFODF tiene atribuciones, además de para resolver recursos de revisión, que es lo fundamental, tiene atribuciones para conciliar, para resolver denuncias y para emitir recomendaciones, vamos,
ampliamente; por el otro lado e establecen obligaciones específicas de transparencia para cada sujeto obligado, ya se han mencionado aquí, el Tribunal, la Comisión de Derechos Humanos, la Universidad del Distrito Federal, lo cual amplía el campo de acción y le facilita al ciudadano su labor de contralor social. La transparencia va más allá de solamente transparentar ejercicio de gasto, que esto parecía que era a lo que se avocaba la ley anterior, como parecía que así era
en la ley federal y en las leyes locales, solamente perseguir el ejercicio de gasto. La transparencia va más allá de eso. Necesitamos saber cómo votan los legisladores, eso no tiene que ver con el ejercicio de gasto, cómo deciden los legisladores, cómo deciden los órganos jurisdiccionales, etcétera. Esa es en verdad transparencia. Otra novedad muy importante es aquella que tiene que ver con la inexistencia de la información. Los artículos 50, 62 y 87 dan cuenta de los mecanismos para ordenar
al sujeto obligado que genere información que debería tener porque documenta algunas de sus facultades o atribuciones. Hoy se ha vuelto, no diría yo absolutamente común, pero sí en una salida que utilizan algunos servidores públicos de decir: la información es inexistente. Pues bien, con esta nueva ley se le va a permitir la posibilidad al INFODF de decir, oye, es inexistente, pues fíjate que la tienes que crear, la tienes que generar porque lo dicen tus atribuciones. Esto es algo de verdad muy aplaudible.
La nueva ley habla, por supuesto, de los indicadores de gestión, de los archivos, de los datos personales y de una cuestión relevante, para mí particularmente, que tiene que ver con la institucionalización de este nuevo derecho. Me refiero al tema educativo y que demuestra, una vez más, la sincronía existente entre la ley y la Constitución pues en el dictamen de la reforma al Sexto se habla de la importancia de “generar una pedagogía social que construya una cultura de la transparencia entre ciudadanos y funcionarios”, y esto sólo se puede lograr si les imbuimos los conceptos a nuestros niños desde la escuela, en fin, hay muchas cosas interesantes. Yo les diría desde mi punto de vista, con esta ley estamos dando pasos en el sentido correcto porque se busca transitar del acceso a la información a
la rendición de cuentas. Ojo, no confundamos el tener información, el solicitar información con rendición de cuentas. No es necesariamente sinónimo. En este caso creo que vamos por el camino correcto.
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Sin embargo, permítanme un minuto más, como toda obra humana, esta ley es perfectible. Hay dos o tres cosas que no podría dejar de señalar en una mesa transparente como esta, porque además creo que son un par de brochazos que desentonan en el venturoso cuadro que dibujó la Asamblea. Primero, el artículo 37, fracción XII establece como información reservada “la que pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero o de los Entes Públicos” ¿Qué significa esto? ¿Quién califica? ¿Qué es esto de generar una ventaja indebida? Todo esto, me supongo además, va de la mano con lo que dice el artículo 45, fracción VI en el sentido de que en el acceso a la información debe regirse por el principio de “la buena fe del solicitante”. De nuevo me pregunto ¿Qué es esto de la buena fe? Yo les diría más bien que en la realidad, en la mayoría de las preguntas no hay buena fe y lo importante no es eso sino si la información es pública o no. Cuidado porque aquí se abre una enorme ventana para la discrecionalidad, esa bestia rara que queremos desaparecer de las acciones de gobierno. Por otro lado, observamos que estas normas contrarían el espíritu de la reforma y del dictamen de la reforma constitucional, el cual establece claramente que no se requiere “acreditación de un interés y tampoco justificación de su posterior utilización”, y más adelante señala que no importa quien solicita la información ni
para qué quiere la información, es decir, esto de que puede tener ventaja indebida, no. Un par de cosas más, algo que también me preocupa es esto de que los Comisionados, y no es salir a defender a estos Comisionados, que se merecen una defensa ultranza porque lo han hecho muy bien, es defender la institucionalidad. Dice: los Comisionados podrán ser removidos de acuerdo con el 68, fracciones I y
II, si atacan a las instituciones democráticas o a la forma de gobierno republicano. ¡Ah, caray! ¿Qué es esto de atacará las instituciones democráticas? ¿Quién determina cómo las atacan? ¿Qué es esto? En fin. Finalmente me llama la atención que se constituya en infracción la omisión o negativa total o parcial en el cumplimiento de las recomendaciones que emita el Instituto, lo cual es contradictorio con lo que establece la propia ley en su artículo 41 que afirma que las recomendaciones no serán vinculantes para el Ente Público, es decir, si no son vinculantes por qué el no cumplirlas se vuelve una infracción. Pero vamos, insisto, estas son tres pequeñas manchas en medio de esa enorme mar de cuestiones positivas que nos han hecho favor de entregarnos los señores asambleístas. Muchas gracias por su atención.
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL C. OSCAR GUERRA FORD.- Muchas gracias Ángel, agradecemos el esfuerzo de haber escrito ese texto que te pediremos después si nos haces favor para poderlo publicar con todo y esta última parte, incluyendo la última parte y luego platicaremos. Sobre estas cuestiones que ya las hemos denotado, algunas estamos tratando de matizarlas y aclararlas en el reglamento y otras a lo mejor sí habría, en su momento, repensarlas, pero te agradecemos Ángel y esperemos que podamos difundir este texto de forma conjunta, si tú nos autorizas. Voy a dar ahora la palabra al periodista Roberto Rock, quien dentro de sus cuestiones más importantes fue miembro del Grupo Oaxaca, como todos saben, fue el grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública Federal en nuestro país y de ahí todas las leyes de diversos estados. Es coautor de un libro denominado “Comunicación y Transparencia”. Doy la palabra al Licenciado Roberto Rock. C. ROBERTO ROCK LECHÓN.- Muchas gracias, buen día. Muy agradecido por la presencia especialmente del público pero por supuesto por la invitación que me ha sido turnada por el Comisionado Presidente Oscar Guerra por conducto del Comisionado Salvador Guerrero. Un saludo a todos los integrantes de esta mesa hasta el extremo de la misma. Me gustó mucho la participación de Ángel Trinidad porque creo que una buena
forma de apoyar estos fenómenos, una forma de mostrar respeto y acompañamiento para un buen proceso ciudadano, un buen proceso democrático es criticarlo, creo que eso es lo que hace el buen ejercicio periodístico aunque creo que también estamos llenos de mal ejercicio periodístico por algunos rumbos. Pero me parece muy bien y aparte me robó algunas de las observaciones, pero yo me guardé todavía algunas reservas, me parece, creo que es muy importante
discutir en este momentos esta ley que arranca el día de hoy y que todos, creo que compartimos un nivel de entusiasmo importante por los avances que prevé la ley. La experiencia acumulada por leyes que han establecido sujetos obligados como los partidos o el Congreso en algunos estados nos permite o nos obliga a ser cautelosos con el entusiasmo, porque si alguien es escurridizo son los partidos políticos y si alguien ha mostrado opacidad en sus propios procedimientos internos son los congresos locales. Aquellos congresos en todo el país que han tenido la capacidad, el talento político de darle o de imponerle en ocasiones al poder Ejecutivo leyes de transparencia han sido omisos en muchos casos en crear procedimientos para auto transparentarse y
casi siempre topamos, decía el Quijote, con el asunto de los dineros. Casi siempre los problemas con los partidos y los congresos es cuando el ciudadano pregunta “¿Y dónde van a dar las partidas para las fracciones parlamentarias?, ¿En qué se gastan realmente?”.
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Por qué no hay un detalle en este caso que obligue a los partidos y a los congresos en el articulado a subir al internet cuánto dinero recibe la fracción del PRD y en qué va a dar ese dinero. Creo que si bien es un avance, este avance tiene que ser validado, saludo porque encuentro en muchas de estas aportaciones un trabajo de la mano con el IFAI, especialmente con el Manual de Buenas Prácticas que se desarrolló de manera cualitativa, según entiendo y creo que es una buena noticia por supuesto para
INFODF pero también para el IFAI, que yo siempre he pensado que tiene una responsabilidad muy importante que a veces me da la impresión que no asume con plenitud en su acompañamiento con los órganos locales que en muchos lugares, desde mi punto de vista están urgidos de apoyo, de más solidaridad y quien mejor que el IFAI para extenderlo. Estoy convencido de que en toda democracia, en todo proceso político encontramos
claroscuros que en los avances democráticos también podemos encontrar a personalidades o a procesos que busquen frenar estos avances, incluso buscan impulsar instancias regresivas, no hay siempre una homogeneidad en estos casos y creo que particularmente en el México de hoy estamos viviendo eso, estamos viviendo un proceso de crispación tal, que herramientas ciudadanas como el tema de la Ley de Transparencia suponen una presión particular, tanto que en las reformas pendientes, lamentablemente para la ley federal, hay voces en el
Congreso que buscan dar marcha atrás a avances muy importantes como se ha venido diciendo. Habrá que ver qué pasa con la Ley de Datos Personales en el DF. Creo que es muy importante difundirla con mayor intensidad; este principio que se está hablando de la Ley de Archivos y yo sí creo que es buena noticia que esta ley, como otras, se ajusten a los que establece la reforma constitucional al Sexto. Pero yo siempre he
pensado que es un piso no es el techo, no debe ser la ambición sujetarse a esa reforma sino tratar de ir más allá. Siempre en el Congreso son un poco complicados, en general los políticos, en particular los legisladores, no offence, pero siempre es un asunto de llegar a
consensos, de llegar a puntos de coincidencia y lo que sale no es lo ideal nunca en política sino lo posible, luego entonces no habría por qué sujetarse. Por ejemplo, yo echo de menos cada vez más que todos nos estamos resignando a no conocer las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, ¿Por qué?, esto es algo natural de los seres humanos en México o por qué damos la espalda a
lo que pasa en otros países. Es impensable en muchísimas naciones la resignación a dar a conocer estas declaraciones patrimoniales o el estado de salud del los funcionarios públicos, que se me hace que los ciudadanos tenemos derecho a saber si el señor toma PROZAC, no me acuerdo de quién era el caso, pero algún tipo de padecimiento que pueda afectar su desempeño público.
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En algunos países lo que hay son disposiciones para dar a conocer el patrimonio agregado. Algún Secretario de estado me decía “oye, es que yo soy millonario, no es mi culpa, puedo ser secuestrable si dan a conocer…”, entonces platícanos como se movió tu fortuna desde que l egaste a este puesto, por lo menos, pero en eso estamos realmente muy atorados. Insisto que esta ley tiene la prueba de ácido en validar estos avances que todos
hemos ponderado, y lo es porque el D.F. adicionalmente tiene un efecto muy importante en el país, a lo mejor no se aprecia quienes pueden estar haciendo toda su carrera en la capital de la República, pero el país completo está pendiente de lo que pasa en el D.F., para bien o para mal, el centralismo funciona así para efectos políticos, funcionó al revés en el D.F. cuando se resistía a tener un órgano regulador, a tener una ley en la materia o cuando creó estos engendros de leyes en materia de acceso a la información.
Muchos estados de la República ponían de ejemplo al D.F. de por qué no se avanzaba y llegó un momento en que dos estados, ambos gobernados por tabasqueños, el D.F. y Tabasco, eran los que tenían mayor contención para este tipo de reglamentaciones. En sentido positivo habrá muchos estados y seguramente ocurre en este momento
que están pendientes de cómo queda, por ejemplo esta responsabilidad, esta transparencia de los partidos políticos o de otros órganos o de otros Entes obligados. Comparto la preocupación de algunos “prietitos en el arroz”, por llamar de alguna manera, este tipo de previsiones que establece la ley como buscar la buena fe del solicitante, la práctica internacional es que hay que ir por el Ente regulado, por el
Ente obligado y abrirlo, no hay que irle a rascarle la ciudadano “tú para que quieres la información o tienes buena fe o puedes resultar beneficiado”, claro que puede resultar beneficiado, dice “pero en perjuicio de otros, de terceros o de Entes Públicos”. A mí me encantaría que alguien me explicara si no es para eso ¿para qué? Los empresarios recurren muy frecuentemente a las leyes de acceso en todo el mundo para tener ventajas empresariales, les decimos que no pueden hacer eso y por supuesto tienen ventaja de los Entes Públicos, así es el juego democrático, esto lo suprimimos y lo dejamos para otra época. Me preocupa lo del Séptimo que habla de que para todo lo que no prevé esta ley hay que irse a la ley de Procedimiento Administrativo del D.F., cualquier cosa que eso signifique y lo que prevea esa ley.
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El espíritu de estas leyes es hacer reglamentaciones lo más sencillas posibles; evitarle al ciudadano tantas complicaciones y aquí pudo haberse dicho “será sometido a consideración del Pleno”, etcétera, pero no, aquí dice que hay que irse a otra ley para ver cómo puede funcionar de manera supletoria. Y echo de menos en toda la ley alguna declaración que unos pueden decir que es retórica, pero realmente es fundamental porque eleva la altura, eleva la dimensión de estas leyes donde me dijeran que el derecho de acceso es un derecho humano fundamental,
como lo establece la Constitución. Aquí habla de que hay una prerrogativa que tienen todas las personas, me suena como administrativo y uno recorre especialmente en las bases, en las definiciones y no encuentro una definición que diga “este es un derecho que nadie nos puede quitar porque es un derecho humano fundamental reconocido por comisiones internacionales escritas por México y todo eso”.
En fin, yo creo que es bueno que reconozcamos las bondades de este esfuerzo, es bueno que felicitemos al INFODF y a sus integrantes y a la sociedad en México que finalmente está atrás de estos avances, fueron primeros en incorporación al INFOMEX lo cual es una muy buena noticia también, pero es muy bueno también que todos los ciudadanos critiquemos esto y establezcamos nuevas expectativas y nuevos parámetros y que disintamos porque, decía alguien “cuando todos piensan
igual es que nadie está pensando mucho”. Muchas gracias. C. OSCAR GUERRA FORD.- Muchas gracias. Quiero aprovechar este momento para agradecer la presencia de los Diputados,
tanto de Kenia López como de Isaías Villa, que dadas sus funciones tienen que retirarse, agradecemos que nos hayan acompañado, aparte mañana inician un periodo extraordinario de un día, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a continuar la mesa, le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Héctor Zamarrón quien ha trabajado en varios diarios en el país, entre ellos “El Centro”, “La Ciudad” y ahora es director de la sección Ciudad y Metrópoli del periódico “Reforma” y también está interesado en este tema. C. HÉCTOR ZAMARRÓN.- Gracias Comisionado, gracias a los asistentes a esta mesa y sobre todo porque hace 60 días que se publicaron las reformas a la Ley de
Transparencia y hoy entran en vigor y me sumo a la celebración por este hecho. Sobre todo porque como saben quienes comparten la mesa y quienes están en el auditorio, ese cambio significa y para mí es uno de los más relevantes, obligar a los partidos políticos, a las asociaciones políticas y a los sindicatos a someterse al escrutinio público.
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Para la rendición de cuentas ese paso es fundamental aunque aún haya que esperar mucho para que los ciudadanos conozcan a fondo su derecho a la información, para que manejen la Ley de Transparencia, para que como sociedad explotemos a conciencia la ventaja de poder consultar toda la información pública. Mientras tanto y como periodista que soy permítanme narrarles cuánta relevancia pueden llegar a tener las reformas que entran en vigor hoy para los medios de comunicación en contraste con la manera en que reporteábamos y trabajamos en
el pasado. Una tarde de 2001, hace ya siete años, mientras revisamos en la redacción de la sección Ciudad y Metrópoli del diario Reforma un informe del Instituto Electoral del Distrito Federal nos llamó la atención que un partido como el Partido del Trabajo reportara gastos de hasta tres millones de pesos en publicaciones y revistas, cuando para entonces los dos partidos mayoritarios en la capital, el PAN y el PRD,
apenas se habían gastado la décima parte de esa cantidad. Acto seguido, encargamos a una reportera, Carolina Pavón, que indagará el motivo, lo primero que hizo fue acudir a las oficinas del Partido del Trabajo a solicitar copia de las publicaciones hechas durante el año que reportaban y para sorpresa de ambos se trataba sólo de una serie de folletos sobre el imperialismo y sobre el pensamiento de varios ideólogos de izquierda, lo cual no sería raro, impresos en
papel de baja calidad y con muy pocos ejemplares. Entonces Carolina les solicitó al Partido del Trabajo las direcciones y los datos de las imprentas con las que trabajaban pero, como era de esperar en esa época, le negaron la información no recuerdo con qué argumentos, así que sólo nos quedaba acudir al Instituto Electoral del Distrito Federal para obtener un poco más de información y tratar de llegar a encontrar qué estaba ocurriendo. Afortunadamente sin darnos copia de las facturas, puesto que involucraban a particulares, pudimos obtener los nombres y domicilios de las imprentas del PT, no más pero fue suficiente. En los siguientes días la reportera Carolina Pavón se encargó de visitar esos supuestos negocios y para mayor sorpresa, dos de las tres imprentas reportadas no existían ni habían existido en los domicilios que aseguraba el Partido del Trabajo y en la tercera sólo vivía una persona que dijo no saber nada del tema. No era poca cosa, se trataba del destino de tres millones 300 mil pesos que el Partido del Trabajo reportó haber gastado en impresión de 309 mil libros y folletos, pero que no aparecían por ningún lado.
Carolina entonces simuló ser una estudiante, teníamos que hacer ese tipo de tretas, interesada en conocer el PT y pidió copias de las publicaciones, pero de nuevo de los libros nada. Hasta ahí llegamos como periodistas en ese caso, teníamos una nota a plena luz y así se publicó en el periódico Reforma “Contrata el PT imprentas fantasmas”, en un reportaje que describíamos cómo había sido imposible constatar que efectivamente se hubiera gastado tanto dinero en imprimir libros y folletos.
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Tras esa publicación la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral de D.F. llevó a cabo una auditoría al PT y constató lo que habíamos publicado. Como autoridad electoral el IEDF sí podía exigirle a ese partido lo que a nosotros nos había negado y el descubrimiento fue sorprendente. No tenían contratos, pedidos, órdenes de compra, facturas requisitadas, hojas de almacén, ni documento alguno que comprobara la edición de esos 309 mil libros y folletos, ni mucho menos el gasto, tampoco pudieron hallar rastros de esas imprentas. Y lo indignante del caso es que para justificar una inversión de recursos públicos de esas dimensiones al PT le había bastado con reportarlo sin mayor preocupación en su informe anual al Instituto Electoral del D.F. El caso concluyó con una elevada multa al PT ese año, alrededor de dos millones 800 mil pesos, el equivalente al 80 por ciento de sus prerrogativas, afortunadamente para el PT le permitieron pagar en abonos, le dividieron en tres
años esa multa. Voy a otro caso. A finales de 2001 también, la Ciudad de México se puso a discutir su futuro en materia de transporte, los expertos llevaban varios años debatiendo si convenía una red de trolebuses, ampliar el Metro, replicar el sistema de autobuses rápidos creado en Bogotá, el tan efectivo el TransMilenio, cuando una mañana Andrés Manuel López Obrador le confió al periodista José Gutiérrez Vivó que
construiría un segundo piso en el periférico. El debate entonces entre expertos quedó de lado y hubo críticas por supuesto, lo mismo que manifestaciones de respaldo, pero de información nada. Durante 11 meses desde Reforma, donde yo trabajaba en aquella ocasión solicitamos de mil y una maneras, copia del contrato otorgado a la empresa que estaba a cargo del proyecto ejecutivo para realizar el segundo piso, el grupo
RIOBO. El resultado fue una negativa tras otra, que si no tienen interés legítimo para conocerlo; que si se trataba de datos confidenciales que involucraban a una empresa particular; que si hubiéramos comprado las bases de la licitación a lo mejor; que si podíamos hacer mal uso de esa información, hablando de la buena fe. Total, fue hasta que en un acto público una de nuestras reporteras cuestionó al entonces Jefe de Gobierno y le enumeró todas las solicitudes hechas cuando entonces él dio la orden de entregarnos una copia. Once meses después de pelear por ellas, a los seis días pudimos exhibirlo y gracias
por supuesto al respaldo de un medio comunicación. Imaginen las trabas que entonces enfrentaba un ciudadano común y corriente para solicitar un documento de esa o de cualquier otra índole. Eso ocurrió hace apenas siete años, aunque parece haber transcurrido muchísimo más tiempo desde entonces por todos los cambios acumulados, uno de ellos y para bien es precisamente la Ley de Transparencia, la llegada de una de una Ley de
Transparencia que hoy entra en vigor con unas modificaciones, que bueno no abundo en ellas, creo que han sido muy elocuentes mis compañeros en la mesa.
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Sólo que la aparición de esta ley, por supuesto no fue ni gratuita ni sencilla, el entonces Jefe de Gobierno vetó dos veces por lo menos el proyecto aprobado por los Diputados en la Asamblea, incluso los de su partido. La primera iniciativa se presentó y discutió durante el gobierno de López Obrador y se publicó por primera vez en mayo de 2003 pero era una ley sin dientes, una ley que no establecía sanciones para los incumplidos, con el Ejecutivo como juez y
parte, con un Consejo de Información con 15 representantes por parte del gobierno y tres representantes ciudadanos, que obligaba al ciudadano a presentar una identificación antes del trámite y que ponía al Ejecutivo como juez y parte para evaluar si se entregaba o no la información. Después hubo idas y venidas y un amplio y agrio debate público entre un gobernante que interpretó la aprobación de la transparencia en esta ciudad casi
como un agravio personal y una oposición que echó mano del tema como ariete político para golpear la entonces popularidad de Andrés Manuel López Obrador; tuvo que desaparecer el Consejo de Información, tuvieron que pasar, bueno yo tenía tres reformas, mencionaba la Diputada Kenia que son seis; fueron removidas las Consejeras, aunque una de ellas peleó y actualmente es Comisionada del actual INFODF y la llegada de esta ley para poder hacer del D.F., de la capital, la segunda entidad en el país con mayor transparencia, vaya giro.
Desde la prensa, asistir a esta discusión pública en que se convirtió el camino a la transparencia ha sido un desafió cotidiano, tanto para dar cuenta de la evolución del tema y reportarlo a nuestros lectores y audiencias como para aprender a hacer uso de este derecho a la información en donde ha habido de todo, desde cuestionamientos que arrojan por primera vez información sobre temas de seguridad, el ejército, los salarios, las pensiones de los funcionarios, hasta el
número de botellas de licor que se consumen en los Pinos o las toal as que utiliza el Presidente. A la fecha cada día crece el número de solicitudes y el interés por hacer uso de este derecho, pero aún persiste el veto de pasar de la existencia de la ley a su aplicación efectiva. Para muchos reporteros por ejemplo, utilizarla es aún complicado a pesar de su sencil ez y la naturaleza de los tiempos de respuesta no congeniarían con la premura del trabajo periodístico. Los reporteros saltamos de un tema a otro cada día y para la mayoría de nosotros la investigación de largo plazo no es cosa al alcance. Es difícil encontrar condiciones
para realizarla en los diarios o en las televisoras o estaciones de radio, así que tan sólo para que los medios hagan mayor uso de esta ley aún falta largo trecho por avanzar y ello es responsabilidad de nosotros como periodistas, por supuesto, pero también los Diputados, de los Comisionados, del Ejecutivo local para que las políticas públicas de impulso a la transparencia sean efectivas.
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Sobre este punto y antes de concluir me gustaría dejar planteadas varias preguntas: ¿Cómo hacer para que desde los medios sea nota despertar el interés de lectores, audiencias y públicos en el uso de una ley como esta?, ¿Cómo hacer para que un mayor número de reporteros y editores la conozcan y utilicen?, ¿Hasta cuándo será noticia recurrir a ella?, ¿Por cuánto tiempo más? Sin duda hacen falta muchísimos más cursos, talleres, seminarios, campañas de difusión, encuentros, eventos y más para difundir este derecho y la utilización de la
ley, pero como ciudad ¿Cuánto vale invertir en que se conozca más la ley?, avanzamos por ahí o pedimos mejor que se reparen más calles y se tapen más baches. Destinar más difusión, destinar más presupuesto a la difusión de esta ley, por supuesto pero ¿Quién garantiza la legitimidad de las campañas, del dinero que invirtamos en la publicidad oficial? ¿Incluimos una materia sobre transparencia en
las secundarias y preparatorias?, ¿Enseñamos en las escuelas en qué consiste y para qué sirve este nuevo derecho? Son sólo algunas de las interrogantes que se me ocurren para no quedarnos en la celebración y hacer más bien de esta ocasión para avanzar a una sociedad más transparente, más democrática y por supuesto más justa. Muchas gracias. C. OSCAR GUERRA FORD.- Agradecemos a Héctor, aparte fuimos compañeros en la universidad, el haber estado aquí y también el texto escrito yo le voy a proponer a Salvador que nos pongamos de acuerdo para ver la posibilidad con las intervenciones estenográficas y con los textos de hacer una pequeña publicación porque creo que lo que fue dicho aquí es muy importante, unas cosas de cómo
difundir el derecho y lo que tu ponías creo al principio con ejemplos prácticos de lo que sucedía o de lo que puede suceder, creo que eso a la gente le pude ser a veces muy útil para conocer la importancia al derecho. Quiero, entiendo por la hora, despedir a Roberto Rock, nos acompañó pero obviamente por compromisos que entendemos, se tiene que retirar. Vamos a darle la palabra al Licenciado René González quien es el Director de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia. C. RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA.- Muchas gracias Maestro Guerra Ford sobre todo por permitirme participar en esta mesa tan importante.
Hablar al final siempre uno el corre el riesgo de ser repetitivo y de machacar mucho sobre cosas que ya la mayoría de los personajes en la mesa han dicho.
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Sin embargo, la reflexión que yo quisiera poner en la mesa es breve y es breve porque gira alrededor fundamentalmente del principio de máxima publicidad del que ya han hablado muchos, que se contiene en la fracción I del artículo Sexto de la Constitución y en realidad cómo este se articula con nuestra nueva Ley de Transparencia. Para ello me parece necesario comenzar antes de empezar a indagar en mi reflexión, me parece necesario citar lo que dice de alguna manera el artículo Sexto, fracción I, es decir tener en la mente, tener en la cabeza qué es lo que dice nuestra Constitución y cito: dice la fracción I “toda la información en
posesión de cualquier autoridad, entidad o órgano u organismo federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes”. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, pues bien ya con esto en la cabeza, como les digo, podemos decir que el principal propósito de nuestra nueva ley es garantizar el acceso a la información
pública a todo el individuo que la solicite, independientemente de las razones por las que la solicite, los motivos o los usos que de ésta vaya a hacer. Precisamente en eso consisten los dos principios constitucionales que nuestra nueva ley abraza fuertemente: el principio de máxima publicidad y el de libertad de información. Principios que además en realidad son los que permiten ver esas estrechas relaciones que hay entre la transparencia y la democracia.
Digo que son estos dos principios los que dibujan ese contorno, pues son ellos los que permiten que todo hombre y toda mujer puedan acceder a información sobre las instituciones públicas que los rigen y ésta por derecho, como ya se ha dicho también en la mesa, por derecho le sea otorgada. Sin embargo recordamos que el principio de máxima publicidad tal y como lo contempla nuestra Constitución en su fracción I dice que toda la información en posesión de las autoridades y Entes del
Estado mexicano es pública, pero también recordemos que dicha fracción establece una cláusula de excepción para dicho principio cuando dice que la información sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público. Es por ello que nuestra nueva ley llama puntualmente a esta clase de información confidencial o restringida, por lo tanto al parecer no todo es miel sobre hojuelas, es decir no todo es dar, dar, dar de acuerdo con la misma fracción I de nuestra Constitución y esto es porque la el acceso a la distribución de información tiene que ser tratado con mucha cautela. El manejo, la obtención, la distribución y la publicación de información pública
conlleva una gran responsabilidad por parte de las instituciones políticas de nuestro país, un mal uso de esta función puede también acarrear terribles consecuencias para la democracia del estado de derecho en general y más importante, para los derechos de un ciudadano en particular, rubros que como vengo diciendo son los que dieron vida precisamente a esta ley.
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La idea que trato de subrayar con esto, como ya vengo diciendo, es que la transparencia de las entidades y el acceso a la información tienen una doble función de acuerdo con este principio constitucional, es decir, este principio constitucional viene a crear una especie de doble cara, un doble perfil de la transparencia. La primera cara o el primer perfil es el que podríamos llamar la función positiva, la que a grandes riesgos garantiza el derecho de todos los ciudadanos en pleno
conocimiento de las funciones, organización, modos de actuar, decidir y muchos otros rubros de la misma naturaleza de las instituciones que los gobiernan. Esta primera cara de la transparencia se hace explícita principalmente, como también ya lo han dicho, con su artículo 14, con el artículo 14 de nuestra nueva ley en la que se enumera la información que de oficio tiene que ser pública, es decir, todo un listado de información que todas las personas pueden acceder a el a sin
mayor problema. La importancia por supuesto de este perfil positivo, que así lo he llamado, radica en el derrocamiento de las viejas prácticas del secreto. Todos sabemos que mantener ciudadanos bien informados es un requisito sine qua non de las modernas democracias, sobre todo si es que nos tomamos en serio esta cuestión del Estado democrático en México y si es así, como creo que es, que nos tomamos en serio
esta cuestión del Estado Constitucional y democrático de derecho, entonces por definición tenemos que darle a cada individuo la capacidad de dirigir, de ponderar, de criticar y de contribuir a dicho esquema de gobierno y esto sólo se logra teniendo ciudadanos participativos y comprometidos políticamente. En realidad estas cuestiones me parecen el núcleo que da legitimidad a este principio de publicidad que vengo tratando.
Ahora bien, como vengo diciendo la transparencia tiene que ver una segunda cara, otro perfil y que es creado precisamente por los límites, por esa cláusula de excepción a la que hacía referencia que se contempla en la fracción I del artículo Sexto. A este otro lado lo podríamos llamar el perfil negativo, si se quiere, claro, eliminando cualquier sentido peyorativo que el término negativo pueda tener cuando lo usamos como un predicado de la transparencia. Este otro perfil es el que obliga a las instituciones públicas a proteger la información que pueda dañar el honor o la dignidad, la integridad o la intimidad de algún ser humano. Es por ello que la ley correctamente considera esta información como
confidencial pero también tiene el deber de proteger información que pueda vulnerar de cualquier manera las instituciones democráticas y el estado de derecho, esto es lo que hemos llamado información restringida.
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Este perfil es creado por aquella causa de excepción que mencioné, así mismo la nueva Ley de Transparencia que identifica muy certeramente la información que podrá ser negada al acceso público, permite que se hable de esto otro sentido de la transparencia, es decir, el principio de máxima publicidad más su cláusula de excepción es la que precisamente crea este doble perfil o esta doble cara de la transparencia en México. Es decir, aquí la práctica política dedicada al acceso a la información pública se
levanta también como un estandarte que protege los derechos de los ciudadanos, es decir no es nada más una cuestión de proteger el derecho de acceso a la información sino también de proteger mi derecho a que alguna de mi información, de mi privacidad y de mi intimidad no sea develada al público. Son estos dos los lados, estos dos los perfiles que me llevan a decir, que me llevan a afirmar que la transparencia tiene que ser tratada con mucha prudencia.
Tomemos un caso, por ejemplo el caso de Poder Judicial, aquí la Ley de Transparencia sin duda sirve para democratizar esta institución impartidora de justicia, para democratizar esta institución que logra influenciar de la manera más directa en la vida de las gentes, en democratizar una institución que tradicionalmente ha sido la garante de los derechos de cada uno de nosotros. Pero también debe servir para garantizar los principios básicos por los que se rige
este Poder, como son por ejemplo la autonomía y la pluralidad jurisdiccional. Si se vulneran estos dos pilares de la actual jurisdiccional se vulnera sin suda también una parte muy importante de nuestra democracia y de nuestro estado de derecho, factores que me parece que son precisamente los que dieron, como vengo diciendo, vida a la nueva ley de transparencia. Entonces si son estas las consecuencias que se quieren evitar con la nueva Ley de
Transparencia, con esta política democrática adoptada por todos nosotros, debemos saber articular en este caso los dos principios que rigen la dicha ley y los principios que rigen en este caso al Poder Judicial. Sin embargo, puede ser que en esto haya ido demasiado de prisa, vamos a ver esto más de cerca. Como sabemos cuando hablamos de la autonomía de los Jueces, hablamos de la capacidad de que tanto Jueces como Magistrados deben de tener para no tomar decisiones coaccionadas, es decir decisiones sesgadas por el miedo, por la prudencia, guiadas por la política y no por el derecho. La pluralidad, por su parte, es el principio que porta la garantía de que cada Juez
decida según su criterio jurídico. Frente a esto se podría pensar que llegamos a una especie de conflicto entre los principios que constitucionalmente rigen a nuestra nueva ley como son el de máxima publicidad y el de libre información, y los dos pilares de la actuación jurisdiccional.
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Antes el problema me parece que era mayor y este problema mayor en definitiva, porque la ley nos obligaba a tratar cada asunto de manera aislada, es decir, nos orillaba a una especie de particularismo jurídico de no muy buena cara en un estado de derecho, sin embargo la nueva ley me parece que desvanece este conflicto y disminuye al máximo las decisiones particularistas a las que me refiero. Por ejemplo, gracias a artículos, 14 y todos los artículos subsiguientes del mismo
capítulo II de nuestra nueva Ley de Transparencia se precisa de manera muy certera toda la información que tiene que ser brindada al público de oficio, mientras que en el capítulo IV se precisa toda la información que deberá ser considerada como restringida o confidencial. Sin duda este cúmulo de herramientas jurídicas nos permite balancear de forma mucho más certera el conflicto al que antes me refería. Conflicto que bajo el nuevo
prisma de esta ley se puede decir que ya es tan sólo aparente, es decir ya no existe el problema. La tarea de transparentar las instituciones públicas de nuestra ciudad entonces se ha quedado sin tapujos ni pretextos, se ha quedado como debería de haber sido desde hace mucho tiempo, fincado en el ideal democrático que la inspiró; bajo este tenor se puede concluir el principio de máxima publicidad tal y como lo he dibujado
en estas páginas, es un principio conflictivo pero también como he tratado de hacer ver, este conflicto se desvanece con buenas leyes como las que tenemos hoy en nuestras las manos. Parece que ahora en realidad todo depende de que las instituciones realmente hagamos valer nuestra nueva ley, esta gran ley que hoy entra en vigor. Esperemos que todas estén comprometidas, todas las instituciones, me refiero, estén
comprometidas con el estado de derecho del que tanto hablamos y del que tanto hemos deseado. Muchas gracias. C. OSCAR GUERRA FORD.- Muchísimas gracias, queremos agradecer a todos nuestros ponentes y obviamente a ustedes, al auditorio por haber asistido a este evento e invitarlos a que hagan uso de esta ley. Muchísimas gracias y buenas tardes. ---o0o---
CONFERENCE REPORT Green approaches: a new horizon for future scientists Student voices from the Pan-American Advanced Studies Institute on Green Chemistry Darren Anderson, a Jennifer L. Anthony, b Arani Chanda, c Ginger Denison,* d Melissa Drolet, e Diego Fort, f María Joselevich g and Justin R. Whitfield h aDepartment of Chemistry, University of Toronto,