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AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración pública
Jueves 21 de febrero de 2008

Colombia: Declaración de Amnistía Internacional ante el 7º periodo de sesiones del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Amnistía Internacional (AI) acoge con satisfacción el acuerdo de renovar otros tres años el
mandato integral de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y expresa su aprecio por la labor de la Oficina en Colombia para
mejorar el respeto por los derechos humanos en el país.
Pese a que se han producido mejoras en la situación de la seguridad en algunas grandes
ciudades, lo que ha desembocado en la reducción del número de secuestros y de homicidios
de civiles relacionados con el conflicto, la situación de los derechos humanos sigue siendo
grave, sobre todo en ciertas regiones, como Nariño y Arauca, y en las zonas rurales. Todas las
partes del conflicto –grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas de seguridad– siguen siendo
responsables de abusos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho
internacional humanitario reiterados y generalizados, que incluyen crímenes de guerra y
crímenes de lesa humanidad. Los defensores y otros activistas de derechos humanos
continúan siendo blanco de ataques. La crisis de los derechos humanos en Colombia sigue
caracterizándose por la impunidad, a pesar de los recientes avances en algunos casos
emblemáticos y de larga duración. Al mismo tiempo que expresa su satisfacción por estos
avances, AI reitera su preocupación por el hecho de que los perpetradores de la mayoría de
los casos de abusos contra los derechos humanos, especialmente los autores intelectuales,
siguen sin responder de sus actos ante la justicia.
La presente declaración ofrece una perspectiva general de los motivos de preocupación de AI
en Colombia, así como recomendaciones para el 7º periodo de sesiones del Consejo de
Derechos Humanos (del 3 al 28 de marzo de 2008).

Las fuerzas de seguridad. Preocupa especialmente a AI el creciente número de informes
sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad. Además, estas
presentaron con frecuencia a las víctimas, en su mayor parte campesinos, como "guerrilleros
muertos en combate". La mayoría de los casos de ejecución extrajudicial han sido remitidos a
la justicia militar, a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional de 1997 que establece
que los casos de derechos humanos en los que estén implicadas las fuerzas de seguridad
deben ser tramitados por el sistema de justicia ordinaria. El sistema de justicia militar suele
cerrar estos casos sin hacer ningún intento serio de que los responsables rindan cuentas de sus
actos. A la organización le preocupa el hecho de que el gobierno no está garantizando la
exclusión total de estos casos de los tribunales militares, con arreglo a reiteradas
recomendaciones de la ONU.

Los grupos guerrilleros. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen cometiendo abusos contra los derechos humanos
y violando el derecho internacional humanitario, incluidos el homicidio deliberado de civiles y
la toma de rehenes. AI condenó la muerte en circunstancias no aclaradas, el pasado mes de
junio, de 11 de los 12 diputados del Valle del Cauca secuestrados por las FARC en 2002. La
organización reitera su llamamiento a los grupos guerrilleros para que pongan en libertad
inmediata e incondicionalmente a todos los civiles que aún tienen en su poder.
A AI le preocupan asimismo la disputa que mantienen las FARC y el ELN en el departamento
de Arauca, que ha desembocado en la muerte de cientos de civiles en los últimos años, y el
uso continuo de minas antipersona por los grupos guerrilleros, que ha causado numerosas
víctimas. Las FARC han sido también presuntamente responsables de muchos homicidios de
candidatos a las elecciones locales que se celebraron en octubre.

Los grupos paramilitares. AI no comparte la opinión del gobierno colombiano de que los
paramilitares han dejado de actuar en el país y de que gran parte de la violencia que afecta
actualmente a Colombia se debe sólo a las bandas criminales de narcotraficantes. Aunque
algunos grupos paramilitares están actuando como bandas criminales, y parte de la violencia
consiguiente está relacionada con disputas entre estos grupos, hay indicios de que muchos
grupos paramilitares tradicionales siguen actuando en numerosas regiones del país. Pese a
que el número de homicidios atribuidos a los paramilitares se ha reducido en los últimos años,
la cifra sigue siendo elevada. AI también ha recibido datos que indican que estos grupos
siguen actuando en connivencia con las fuerzas de seguridad.

El proceso de Justicia y Paz. El proceso de Justicia y Paz sigue sin cumplir las normas
internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Con
sólo alrededor de 20 unidades de investigación para manejar miles de casos de violaciones de
derechos humanos cometidas por los paramilitares, el proceso avanza con gran lentitud. Es
probable que los planes del gobierno de tratar a los paramilitares colectivamente, en lugar de
individualmente, como ha hecho hasta ahora, contribuyan aún más a la impunidad.
Aunque algunos de los líderes paramilitares que participan en el proceso de Justicia y Paz han
revelado algunos datos sobre personas a las que han matado, la información sobre la
identidad de sus víctimas y el paradero de sus cuerpos sigue siendo poco concreta. Entre el
2006 y finales del 2007 se exhumaron más de 1.100 cuerpos de numerosas fosas comunes,
pero en su mayoría fueron descubiertos como resultado de información facilitada por
paramilitares de base que no participan en el proceso de Justicia y Paz. La mayor parte de los
cuerpos sigue sin identificar.
De los cuatro millones de hectáreas de tierras que se calcula han robado los paramilitares,
sólo se ha devuelto a sus legítimos propietarios una mínima parte. Asimismo, estas escasas
devoluciones de tierras fueron resultado de investigaciones realizadas fuera del proceso de
Justicia y Paz. Además, las investigaciones sobre los lazos que unen a cientos de funcionarios
del Estado a los paramilitares se deben en su mayor parte a la labor de las oficinas del
Fiscalía General de la Nación y del Procurador General de la Nación, y a la Corte Suprema de
Justicia, así como a la de periodistas y grupos de derechos humanos, y no son resultado del
proceso de Justicia y Paz. Suscitan especial preocupación las amenazas recibidas por, y los
homicidios de, victimas y de las personas que las representan en este proceso, como Yolanda
Izquierdo y Carmen Cecilia Santana Romaña.

La población civil. La población civil sigue soportando la peor parte del conflicto, sobre todo
los miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y los campesinos. Muchos de ellos
viven en tierras que tienen importancia económica y estratégica para las partes del conflicto.
AI sigue sintiendo preocupación por el elevado número de víctimas de desplazamiento
forzado; algunos cálculos indican que más de 130.000 nuevos civiles fueron desplazados por el
conflicto en el primer semestre del 2007. A AI le preocupa especialmente la grave situación
humanitaria de Nariño, donde los combates entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad y los
grupos paramilitares han provocado el desplazamiento de miles de civiles y todas las partes
han cometido abusos graves contra los derechos humanos.
Durante las últimas visitas de AI a Colombia, los delegados de la organización recibieron
también numerosos testimonios sobre el reclutamiento forzado de menores, que continúa
produciéndose, tanto por parte de la guerrilla como por la de los grupos paramilitares. AI
también recibió información sobre el reclutamiento por grupos paramilitares y bandas
criminales de mujeres y niñas para ejercer la prostitución, por ejemplo en el departamento
de Putumayo. Algunas de ellas han sido asesinadas. A AI le preocupan asimismo los atentados
indiscriminados con bombas que se han cometido en varias zonas urbanas, como Cali y
Buenaventura, algunos de los cuales las autoridades han atribuido a las FARC.

Activistas pro derechos humanos. Defensores de derechos humanos, sindicalistas y activistas
comunitarios siguen siendo víctimas de ataques, sobre todo de los paramilitares. Preocupan
especialmente a AI el robo, el pasado año, de información confidencial de las oficinas de
varias organizaciones no gubernamentales, y el aumento de las amenazas por correo
electrónico contra numerosas organizaciones de derechos humanos, sindicatos y
organizaciones sociales. Continúan perpetrándose ataques físicos contra defensores de
derechos humanos. El ataque contra Yolanda Becerra, de la Organización Femenina Popular,
en Barrancabermeja en noviembre del 2007, y el homicidio en abril del 2007 de Judith
Vergara, activista comunitaria de Medellín, son sólo dos ejemplos destacados de estos
ataques.
AI expresa su satisfacción por la llegada de una representación permanente de la
Organización Internacional del Trabajo y la creación de unidades especiales de la Fiscalía
General de la Nación para investigar los homicidios de sindicalistas, pero sigue preocupándole
el número, aún elevado, de ataques contra sindicalistas y los escasos enjuiciamientos de
autores de dichos ataques. En el 2007 fueron asesinados alrededor de 39 miembros de
sindicatos.
La comunidad internacional tiene un papel fundamental que desempeñar en los esfuerzos
para mejorar la situación de los derechos humanos. La postura que ha adoptado la comunidad
internacional en varias cuestiones de derechos humanos ha sido a menudo clara y
constructiva, y ha sido especialmente encomiable en el caso de los defensores de derechos
humanos y los sindicalistas. El Consejo de Derechos Humanos debe asumir la situación de
Colombia en su 7º periodo de sesiones ocupándose críticamente del gobierno colombiano,
sobre todo en relación con las cuestiones aún pendientes, como el cumplimiento completo de
las reiteradas recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos:
Por consiguiente, AI pide al Consejo de Derechos Humanos, reunido en su 7º. periodo de
sesiones, que:
• exprese su preocupación por la grave situación humanitaria y de derechos humanos que
continúa afectando a Colombia;
• inste a todas las partes del conflicto a que cumplan totalmente las recomendaciones de
la alta comisionada, incluida las formuladas en todos sus informes anteriores;
• ponga en marcha un proceso con plazos y parámetros para vigilar el cumplimiento de
estas recomendaciones; e
• inste al gobierno de Colombia a que colabore plenamente con el Consejo y sus
mecanismos.
FIN/
Documento público

Source: http://www.askonline.ch/fileadmin/user_upload/documents/Thema_Menschenrechte/Archiv/UN_Declaracion_Publica.pdf